Esta ilegalidad conlleva una multa de 2,1 millones de euros al Cabildo de La Palma que será asumida por el conjunto de los palmeros y palmeras. En este sentido, la portavoz de Drago Canarias en La Palma, Sara Hernández, se plantea si “una imprudencia de tal magnitud debería tener consecuencias para quienes la cometieron, al menos consecuencias políticas”.
Hernández calificó la actuación del anterior Grupo de Gobierno, formado por PSOE y PP, como “una muestra de soberbia institucional” y señaló que “esta forma de proceder daña la confianza ciudadana y transmite la idea de que hay representantes públicos que se creen por encima de la ley”.
Drago Canarias reconoce que la necesidad de restablecer el suministro de agua era crítica para la supervivencia de muchas explotaciones plataneras. Sin embargo, Hernández subrayó que “esa urgencia no puede ser excusa para ignorar la legalidad ni para causar un daño irreparable a un patrimonio geológico único con un potencial significativo para el desarrollo socioeconómico de La Palma”.
En este sentido, Hernández insistió en que “los contextos de emergencia no deben usarse como excusa para tomar decisiones que no contemplan alternativas viables y respetuosas con el entorno” y especifica que “la tubería podía y debía haberse ejecutado dentro de la legalidad y con el menor impacto posible”.
Ante esta situación, la portavoz de Drago Canarias en La Palma señaló que “incluso en momentos de máxima urgencia y aunque existan intereses económicos poderosos en juego, los políticos deben priorizar siempre el bien común de toda la ciudadanía” y añadió que “la toma de decisiones públicas debe estar guiada por la transparencia, poniendo sobre la mesa todas las alternativas posibles, con sus costes, beneficios, riesgos y consecuencias; solo así se puede garantizar una gestión justa y responsable de los recursos y del territorio”.
Hernández concluyó recordando que “la urgencia no puede justificar la irreversibilidad del daño causado ni borrar la necesidad de actuar con responsabilidad”.
