A través de las preguntas registradas en la Cámara Baja por los diputados Guillermo Mariscal, María Auxiliadora Pérez, Ana Zurita y Sebastián Ledesma, el Grupo Parlamentario Popular pretende obtener respuestas del Ejecutivo de Sánchez ante uno de los presuntos casos más graves de corrupción durante la presente legislatura.
Los delitos, según han señalado fuentes judiciales, estarían relacionados con presuntas irregularidades en la gestión de subvenciones europeas vinculadas al sector primario y el cobro de comisiones a cambio de no realizar inspecciones. Las pesquisas iniciadas van dirigidas a esclarecer si los investigados extorsionaban también a un grupo amplio de empresarios relacionados con el sector ganadero y productores de queso en el Archipiélago.
La iniciativa de los diputados populares exige al Gobierno central que responda por escrito si tenía conocimiento del presunto caso de corrupción, extorsión y fraude; que especifique cuáles son las subvenciones procedentes de la Unión Europea objeto de investigación por este caso; y que aclare de qué manera podría repercutir esta situación ante la credibilidad de la gestión de los fondos europeos, en general, y de la Política Agrícola Común (PAC), en particular.
El secretario general adjunto del Grupo Popular en el Congreso y diputado por Las Palmas, Guillermo Mariscal, señala que el Gobierno “no debe conformarse” con la renuncia a su acta del diputado socialista Juan Bernardo Fuentes. “Debe imperar la transparencia y aportar toda la información necesaria que permita esclarecer estos hechos”, concluyó.
