Como primer motivo para ello, el Cabildo indica que: “no se acredita la capacidad del representante de la Asociación para presentar las alegaciones al presupuesto”, cuando está firmada por el presidente, como todas nuestras alegaciones presentadas que siempre han sido admitidas. Ante esto, cabe preguntarse ¿Quién si no el presidente de una asociación, legal e inscrita, puede representarla? ¿Qué ha cambiado en esta ocasión para esgrimir esta excusa del todo injustificada e inaceptable?
Como segundo motivo de rechazo, citan el incumplimiento de los artículos 169 y 170 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Al respecto, señalar que, el art. 169, obliga a las administraciones locales, no a la ciudadanía, ya que indica que el Presupuesto Gral. debe estar aprobado definitivamente antes del 31 de diciembre anterior (Art 169.2) por lo que están fuera del plazo obligado por ley.
Además, se indica el incumplimiento de otros artículos, en base a que: “no se acredita la consideración de interesado para presentar alegaciones”, (art. 170.1), con una referencia al Art. 170.2, en una confusa redacción que lo hace casi incomprensible.
Respecto a esto señalar que, al contrario de lo que se afirma, dichos artículos nos amparan y legitiman para la presentación de alegaciones, ya que como residentes en la isla, somos interesados de pleno derecho (Art.170.1.a), y las mismas se justifican en base a: “omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local…” (170.2b), tal y como sucede en las partidas de Cultura, Patrimonio y Medioambiente, por ser precisamente estos asuntos lo fines que rigen nuestra asociación.
De hecho, nuestra alegación precisamente se centra en estas partidas, y en ella se hizo constar:
1- El enorme recorte en Cultura, donde sorprende la mengua del 74% a la exitosa Feria del Libro, referente cultural en Fuerteventura, mientras se incrementan las ayudas nominadas, se consigna un gasto incomprensible en Publicidad y Propaganda, o se destina casi un 33% del presupuesto total a la partida de Otros Trabajos Realizados por otras Empresas y Profesionales, disponiendo de personal propio suficiente.
2- La inexistente dotación para la vigilancia, protección y conservación del Patrimonio Natural e Histórico, a lo que el cabildo está obligado por la Ley del Suelo y ENPC y la Ley de Patrimonio Cultural. Así, no existen partidas, para nuevas plazas en el infradotado servicio de Agentes de Medio Ambiente, ni se prevé el reiteradamente demandado servicio de vigilancia, con medios humanos y tecnología de apoyo, para los Espacios Naturales y protegidos, o para los yacimientos arqueológicos, ni siquiera en el BIC de Montaña de Tindaya, uno de los más importantes de Canarias. Tampoco se contemplan sanciones, ni consignación para el Catálogo de Patrimonio Insular, ambos asuntos obligados por la Ley 11/2019.
Esta Asociación considera que la defensa del Patrimonio debe de implicar a la sociedad civil, siendo la cultura indispensable para poder conseguirlo y por todo ello, mostramos nuestro más profundo rechazo a los recortes presupuestarios establecidos, y nos parece ofensivo que el Cabildo responda de forma inexacta, injustificada e incoherente, a unas respetuosas y bien argumentadas alegaciones, al tiempo que demandamos, en base a lo legalmente establecido, una participación ciudadana real y una mayor transparencia en la gestión pública.
Fdo:
Puerto del Rosario, 8 de marzo de 2025
