La realidad planteada por las principales organizaciones agrícolas como ASAJA O COAG coinciden en que “la PAC no refleja las demandas del sector, y han generado una serie de políticas centralizadas, que se deciden desde Europa o Madrid, y que no tienen en cuenta las diferentes características y necesidades canarias que no son iguales a las peninsulares”, explica el diputado majorero.
Por otro lado, Cabrera detalló que las administraciones no han conseguido establecer “un equilibrio entre la sostenibilidad medioambiental y la sostenibilidad económica y social que merecen nuestros agricultores y ganaderos, con una reforma ratificadada por la Unión Europea que no es justa ni social y que no responde a las necesidades del sector primario”.
Cabrera añadió que las políticas planteadas para el mantenimiento y desarrollo del sector se han hecho a “espaldas” del mismo “con una PAC que atiende más a necesidades europeas superficiales que lo que incide a las características del propio sector”.
Mario Cabrera declaró que la Unión Europea legitima “la competencia desleal con el sector y comete fraude con el consumidor” porque permite que países terceros, a los que no se le exige el cumplimiento de las mismas políticas, compiten en igualdad de condiciones en detrimento de los productos canarios. que sí tienen que cumplir estas reglas europeas.
Mario Cabrera señaló que “el sector primario de Canarias pide medidas urgentes específicas para Canarias, que la PAC no excluya a las islas y las adapte a sus necesidades o no habrá futuro para el sector primario canario”.
El diputado majorero hizo hincapié en que se deben elaborar políticas que promuevan “la seguridad alimentaria y la resiliencia y la soberanía alimentaria” con medidas que favorezcan al sector.
Asimismo, solicitó “ayudas directas o la reducción de plazos para la tramitación de dichas ayudas” como forma de apoyar al sector. Además, el diputado declaró que el sector requiere de tiempo para adaptarse al nuevo escenario de políticas que promueven la transición ecológica sin que sea “incompatible con el bienestar animal ni con una producción más sostenible” con el fin de seguir fomentando el progreso de las pequeños y medianos productores y evitar que “la producción termine en manos de grandes empresas o grandes monopolios”.
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