Un estudio realizado por Juan Luis Jiménez, profesor titular e investigador del Grupo de Análisis de Políticas Públicas del Departamento de Análisis Económico Aplicado y José Manuel Cazorla Artiles, adscrito al mismo Departamento; y por Jordi Perdiguero, de la Universitat Autónoma de Barcelona, ha cifrado en 857 millones de euros la cantidad que las compañías petroleras retuvieron gracias al subsidio de 20 céntimos al combustible puesto en marcha en 2022. Es la primera vez que se cuantifica este parámetro y la única estimación causal hecha hasta el momento sobre los efectos de este subsidio.

La invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022 condujo a un aumento de los precios de la gasolina; para tratar de paliarlo, el Gobierno de España puso en marcha un subsidio al combustible de 20 céntimos por litro, entre abril y diciembre de ese año. Para esta investigación, se tomó como grupo de control a los países de la Unión Europea que no introdujeron medidas en este mercado, se analizaron las series semanales de precios y se aplicó un modelo de análisis econométrico conocido como «diferencia-en-diferencias” (que mide el efecto de una intervención sobre un grupo de tratamiento respecto a un grupo de comparación al que no se le aplica esa intervención, a través de un periodo de tiempo). Con ello, se buscaba ver el efecto tanto del subsidio como de su eliminación sobre los precios del combustible.

Los resultados revelaron que el subsidio incrementó el precio neto del diésel en más de 5 céntimos de euro por litro, mientras que no se apreciaron cambios significativos en el coste al consumidor de la gasolina 95. También se constató que el diésel volvió a sus precios anteriores tras la finalización del subsidio. Según estas estimaciones, de los 4.250 millones de euros públicos que aproximadamente costó el subsidio, las petroleras se apropiaron de unos 857, es decir, un 23’8% del coste. Sin embargo, otra parte retornó al Estado vía IVA, al encarecerse el precio de la gasolina y, por ende, aumentar la recaudación.

Los autores ponen de relieve la relativa inefectividad de la medida, ya que el abaratamiento que el consumidor debió notar no fue de 20 céntimos sino de 15, al quedarse las compañías con el porcentaje antedicho. Esta investigación es de especial relevancia en Canarias, al estarse aplicando en estos momentos y en determinadas islas una medida similar por parte del Gobierno autonómico.